El objetivo de la actividad fue establecer un diálogo entre el Ministerio Público y la academia sobre los problemas actuales que afectan a la ciudadanía.
En dependencias del Programa de Magíster en Derecho, LLM UC (link), se desarrolló el pasado jueves 9 de mayo un conversatorio en el que participó el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; la vicedecana de la Facultad de Derecho UC, Carmen Elena Domínguez; el director y secretario docente del Magíster, Juan Ignacio Piña y Andrés Valenzuela, respectivamente; el director del departamento de Derecho Penal UC, Jorge Gálvez; el profesor de ética profesional del LLM UC y gestor del encuentro, Ian Henríquez; coordinadores de las distintas menciones del magíster, y profesores de ética profesional y derecho penal.
El objetivo de la actividad fue conocer la experiencia del Fiscal Nacional Ángel Valencia en cuanto a temas relevantes y de interés nacional como la corrupción y la narcocultura, fenómeno que durante los últimos años ha ido en aumento en Chile y que se caracteriza por la glorificación y normalización de actividades relacionadas al narcotráfico y crimen organizado. Además, se reflexionó sobre el rol de la academia en cuanto a la formación de los abogados en la ética profesional para combatir estos hechos.
Herramientas de política criminal
En relación con las herramientas de política criminal con a que cuenta el Ministerio Público, Valencia sostuvo que desde que asumió el cargo de Fiscal Nacional encomendó producir y recabar información confiable en materia de seguridad pública. “Hemos tratado de tener números confiables de homicidios consumados, femicidios, homicidios cuyas víctimas son niños y adolescentes, de delitos graves de adolescentes, entre otros, pero todavía son muy escasos, y falta mucho porque el Ministerio Público no está diseñado para producir esa información. No tenemos información para tomar decisiones”.
En cuanto al narcotráfico y crimen organizado, Valencia aseguró que la visión romantizada de la actividad delictual no es nueva ni reciente en nuestra cultura, pero tampoco es tan antigua, y aseguró que lo que está en crisis “es nuestro compromiso con la democracia, con los valores democráticos, con la República y con nuestra forma de vida en general”. La narcocultura “es la principal amenaza para la democracia porque corrompe la autoridad pública, corrompe el sistema democrático, y cambia nuestras reglas de cómo se resuelven los conflictos”.
Finalmente, afirmó que la única forma de salir de este conflicto y perseguir este tipo de organizaciones es entender que la forma en que vive el crimen organizado no es la correcta. “Así no se vive, no es la forma en como nuestra sociedad puede sostenerse”.
Formación de abogados
Sobre rol que juega la formación del abogado para combatir la corrupción y la narcocultura, Valencia sostuvo que se advierte que las universidades siguen formando licenciados en ciencias jurídicas y no abogados. “Se permite que recién titulados comparezcan ante el
Tribunal Constitucional sin ningún límite, o comparecer ante la Corte Suprema por un recurso de casación sin restricciones”. En materia penal, “no pueden ser las víctimas o los imputados quienes sufran el costo del aprendizaje propio de los abogados”.
En este sentido agregó que el mercado “es poco transparente en materia de servicios legales”.
Finalmente, el Fiscal Nacional invitó a los profesores presentes a “reforzar todos los contenidos sobre la ética profesional, sobre todo en conflictos de intereses, puntualidad, forma de regular el horario (laboral), devolución del horario cuando los trabajos se interrumpen, contrato a honorarios, obligaciones del secreto respecto de otros colegas, corrupción y más”.
Al cerrar, Valencia se refirió a la relación Fiscalía Universidades, comentando: “Se extraña la intervención de equipos académicos prestigiosos y con reputación de imparcialidad y objetivad para que emitan su opinión en discusiones legislativas de proyectos de ley relativas a lo penal”, concluyó.
El encuentro terminó con una larga lista de preguntas en relación con la agenda de seguridad, a cómo enfrentará el Ministerio Público la delincuencia en los próximos años, diseños de políticas públicas, espacios de aprendizaje para estudiantes en las fiscalías, y a cómo asumir el trabajo en conjunto entre las universidades y la Fiscalía.
