El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso es lo medular que señala la actual Constitución respecto al tema ambiental, considerado uno de los debates fundamentales de cara al eventual proceso constitucional.
La actual Carta Fundamental no ignora este tema, e incluso es celebrado por los expertos al ser una de las Constituciones pioneras en el mundo en adoptar el mencionado derecho, en su Artículo 19 número 8. Además, establece que el Estado debe velar porque ese derecho no sea afectado y titular la preservación de la naturaleza, lo que incluso puede justificar que la ley restrinja "derechos y libertades". Sin embargo, expertos que celebran estos puntos, también reconocen que se extrañan palabras como "sustentabilidad" o "justicia ambiental".
Chile actualmente tiene la presidencia de la COP, es parte del Acuerdo de París para reducir las emisiones, y el actual Gobierno promueve la carbononeutralidad al 2050. Sumado a ello, el país vive una megasequía de más de una década y es considerado como uno de los territorios más propensos a los efectos adversos del cambio climático.
De hecho, en el decálogo enviado por el presidente, Sebastián Piñera, a sus ministro con los contenido clave que, a su juicio, debiesen ser incorporados a la posible nueva Carta Magna, el medio ambiente se encontraba en el séptimo lugar. "El Estado debe resguardar el medio ambiente para las generaciones futuras, tomando medidas concretar para avanzar en su cuidado", señala el texto, agregando que "la Constitución debe consagrar el principio de desarrollo sustentable".
Así, son varias las voces que han pedido que una nueva Constitución le dé un mayor énfasis a las preocupaciones ambientales, como el ex Presidente, Ricardo Lagos, además de distintos abogados, científicos y conservacionistas.
Uno de ello, el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien durante el programa "Agenda Constitucional" de EmolTV, sostuvo que, si bien hoy en temas como la descarbonización se ha podido avanzar ya que ha existido una voluntad generalizada de hacerlo, bien la Constitución actual podría poner trabas a ello, ya que podría oponerse a otros derechos garantizados, como el de ejercer una actividad económica. "Cuando uno empieza a contraponer actividades económicas que tienen que ver con emisiones más duras, ahí se pone un poco más complicado", aseguró.
También, sostuvo que "el tema que está ausente hoy día tiene que ver con la justicia intergeneracional. Hoy día hay un tema de contaminación, está hoy día en la Constitución que uno tiene el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, pero el CO2 como tal no es un contaminante que causa daño directo, sino que tiene que ver con el impacto al cambio climático y tiene un efecto que dura décadas, si es que no más. Por lo tanto, la justicia intergeneracional aparece como un tema a abordar", sumado al "derecho de la protección ambiental, de la naturaleza, que aparece dentro de algunas Constituciones más modernas como las de Alemania, entre otras".
Por su parte, el abogado y profesor de derecho ambiental de la UC y la UDD, Edesio Carrasco, comentó al mismo programa que una reforma o eventual nueva Constitución debe tener "un principio en el centro: la sustentabilidad". Y aquello, agregó, "tiene tres dimensiones, por una parte, más o mejor protección del medioambiente, equidad social y también desarrollo económico. Esos tres pilares para un país en vías de desarrollo como el nuestro, y que ha experimentado pobreza y mayor desigualdad, producto de lo que ha ocurrido ahora último, debiese ser un eje inspirador". "Eso no solo nos va a acompañar eventualmente en lo ambiental, también con justicia intergeneracional, es decir, que las necesidades de hoy no comprometa la de los futuros. Tenemos que tomar decisiones siempre pensando que esas van a afectar a generaciones futuras", añadió.
La actual Constitución no es "una trampa"
Dicho eso, Carrasco acotó que la actual Constitución "no es un cerrojo, no es una trampa para poder tener más o mejor protección del medioambiente", destacando avances como la creación del Ministerio del Medio Ambiente, servicios de evaluación ambiental, superintendencia, tribunales ambientales, impuestos verdes, ley de humedales, etc. "Además, se ha avanzado en descarbonización, podemos decir que por o a pesar de esta Constitución, pero se ha podido avanzar. Lo que ha hecho el Poder Judicial, una interpretación evolutiva de este derecho en los últimos 10, 15 o 20 años, en donde, pese a lo que nos dicen algunos de que la propiedad o libertad económica están por sobre la libertad, eso en la práctica no se observa".
"Tiendo a pensar que la Constitución ha permitido avanzar en más y mejores instituciones, en más y mejor protección del medioambiente. Obviamente hay muchos desafíos pendientes, algunos de naturaleza constitucional y muchos otros de rango legal", afirmó el abogado.
Para Mena, en tanto, "hay muchas vulnerabilidades (en la Constitución) de poder avanzar con temas que tienen que ver con el hecho de que tenemos un planeta que es finito, que tiene límites planetarios y por lo tanto tenemos que enmarcarnos dentro de eso. Y un tema fundamental de esto, tiene que ver con que el agua sale mencionado una vez en la Constitución, y solamente sale mencionado como parte de una propiedad".
"Con esta Constitución actual, difícilmente podemos implementar las recomendaciones de la OCDE que dicen que tenemos que priorizar el uso del agua para fines como la protección ecológica o para el consumo humanos, y dejar de otorgarlo como si fuera infinito cuando estamos en una escases hídrica. Ese tipo de vulneraciones creo que son ajustes importantes que tenemos que tener para abordar esto en forma sustentable", subrayó.
Florencia Ortúzar, representante la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente, destacó hace algunos días en un webinar organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional "esta oportunidad de cambio que se nos ha presentado en Chile con la posibilidad de generar una nueva Constitución, una nueva Constitución que puede ser verde. No es una oportunidad sólo para nosotros; en este mundo tan globalizado es una oportunidad como de ser un ejemplo para el cambio paradigmático que se necesita en tantas partes del mundo".
"Ahora, una Constitución nueva, por muy verde y muy buena que salga, tampoco es una varita mágica y no va a venir a solucionar todos nuestros problemas: la Constitución no es la meta sino el principio. Son los cimientos que nos permitirán construir el cambio y es una oportunidad que no podemos dejar pasar", aseguró.
"Necesitamos que se entienda que la protección al ambiente es también beneficiosa para el desarrollo económico, porque el único desarrollo económico realista es el que respeta límites y que es realmente sostenible. Entonces, basta de esta cuestión de que el desarrollo económico no está de acuerdo con la naturaleza. No puedes contraponerlo", recalcó.
En la misma instancia, Pilar Moraga, Investigadora del (CR)2 y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, señaló que debemos discutir "sobre qué derechos vamos a proteger y no solo hablar de los derechos consagrados, sino también de quiénes son esos derechos. ¿Son de las generaciones presentes o también vamos a considerar y a defender que estas acciones son aplicables a los derechos de las generaciones futuras?".
"Creo que solo considerando estos aspectos y solo debatiendo cada una de estas cuestiones, como mínimo -sin considerar todo lo que es la organización del Estado que quedará para otra discusión- es que vamos a poder pensar en un Estado de derecho ambiental que, al menos a mi juicio, es indispensable de definir los años que vienen y este nuevo pacto social que nos va a regir por muchas décadas", concluyó.
