El tema fue expuesto por los profesores Miguel Ángel Fernández, Director del Magister en Derecho LLM UC y Francisco Zúñiga, Profesor Derecho Constitucional de la Universidad de Chile.
En su tercera sesión, el ciclo de charlas Derecho UC abierto al Debate Constitucional, contó con la participación de dos destacados académicos quienes debatieron sobre los derechos sociales y sus garantías en el proceso constituyente.
El encuentro fue moderado por el profesor Derecho UC, José Luis Cea, mientras que las exposiciones estuvieron a cargo de Francisco Zúñiga Urbina, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y UDP, y Miguel Ángel Fernández, Director del Magíster en Derecho, LLM UC, y profesor de Derecho Político y Constitucional UC.
El profesor Zúñiga se refirió, entre otras cosas, a la distancia que existe entre el texto constitucional y la realidad política, social y económica del país, así como a lo que él denominó "patología del activismo judicial" en donde, gracias a la figura del amparo, la exigibilidad de los derechos sociales en América Latina recae en funcionarios y servidores públicos de línea democrática. "Esa es una patología que puede terminar minando las bases del sistema político y por tanto, el diseño de un catálogo de derechos sociales incluido en una nueva Constitución debe impedir que esas patologías tengan abono en nuestro parlamento constitucional, legal y judicial", aseguró.
El Director del LLM UC, Miguel Ángel Fernández, en tanto, comenzó su exposición afirmando que los derechos sociales son derechos fundamentales que forman parte del acervo del Derecho Constitucional. Explicó que los derechos sociales entran al constitucionalismo tensionándolo, ya que este proceso, en su formulación original, es hijo del liberalismo y en primera instancia reconoce los derechos individuales básicos y en una segunda etapa, aparecen los derechos sociales.
El constitucionalismo, continuó, en su formulación liberal clásica y en el conjunto de derechos individuales que reconoce y protege fundamentalmente, está orientado a la limitación del poder público. Sin embargo, y aquí viene la tensión, los derechos sociales "suponen una habilitación a la intervención del poder, esperando que el Estado sea el prestador o al menos el regulador en la asignación de estas prestaciones".
Fernández también se refirió a las que, a su parecer, han sido tres respuestas a esta tensión en términos gruesos: el régimen totalitario, el Estado Benefactor y el Estado Subsidiario. Esta última, declaró, es la solución que ha tenido un mayor proceso evolutivo y de perfeccionamiento, por lo que la convierte en una "buena solución".
