Este fue el consenso al cual se llegó en el seminario 'El derecho a la protección de la salud ante los tribunales', actividad que contó con la participación del Superintendente de Salud Sebastián Pavlovic.
Exponer los desafíos de nuestro país en materia de Derecho y Salud y, al mismo tiempo, abrir espacios de diálogo que permitan encontrar los caminos más adecuados para enfrentarlos, fueron los objetivos del seminario El derecho a la protección de la salud ante los tribunales organizado por la Facultad de Derecho UC e Isapres de Chile.
En el encuentro participaron el superintendente de Salud Sebastián Pavlovic, la ministra del Tribunal Constitucional y profesora de nuestra Facultad Marisol Peña, y los académicos Derecho Ángela Vivanco, Germán Concha, Emilio Pfeffer y Jaime González, quienes realizaron un análisis de la situación actual de la regulación al sector privado en esta materia y su jurisprudencia.
Sebastián Pavlovic se refirió al rol de la Superintendencia de salud y la situación del sector privado en Chile, el que definió como un sistema segmentado por riesgo sanitario y por ingresos, con una estructura de mercado crecientemente verticalizada, que capta recursos bajo el concepto de seguridad social pero, que opera como un seguro individual. El principal problema, explicó Pavlovic, es del marco regulatorio pues permite que los incentivos se desalineen con la lógica de la seguridad social. "La dificultad de fondo es un marco regulatorio que tiene vacíos".
La ministra Marisol Peña, en tanto, expuso La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de protección de la salud y sus proyecciones, oportunidad en la repasó los principales fallos que marcaron precedentes en relación a la inconstitucionalidad que implica el alza de planes según la tabla de factores y uso de licencias médicas, ya que se violan los derechos de igualdad ante la ley, de dignidad de la persona y de decisión arbitraria por parte de las isapres.
El profesor Germán Concha precisó que el contrato de salud opera como un contrato de seguro ya que se aplica sobre la base de la administración de riesgos. En ese sentido, agregó, se producen problemas importantes para las isapres en relación al riesgo moral de los usuarios, en la despreocupación por evitar peligros en su estado de salud y en la selección adversa. En ese sentido, afirmó que los costos de salud aumentan con el tiempo y cambian según el sexo y edad, por lo que es legítimo aplicar una adecuación periódica del precio base. "La inconstitucionalidad no está en la norma en sí misma, sino en cómo ha sido usada".
La profesora Ángela Vivanco, en tanto, convino que el sistema de salud privado opera bajo un contrato de seguro lo que ha provocado conflictos ya que la justicia ordinaria está intermediada a la justicia constitucional. Hoy en día, explicó, vemos un abuso de la judicialización en el ámbito privado de la salud, produciéndose una relativización de la acción cautelar: "lo que se pensó para solucionar situaciones excepcionales se ha convertido hoy en un mero trámite administrativo. Las personas ya no ven la acción cautelar como un acto de indignación social, sino como una oportunidad económica".
Por último, el profesor Emilio Pfeffer reflexionó en torno al aumento de la litigación y un posible activismo judicial planteado por algunos autores, dejando en manifiesto la real necesidad de hacer cambios a la legislación que regula a las isapres.
