Durante el encuentro se abordaron diversas miradas sobre la puesta en marcha de esta legislación y algunas modificaciones necesarias para su implementación.
En el salón de Honor del campus Casa Central, se realizó el seminario Ley de Lobby: Impactos de su implementación, instancia que entregó diversas miradas sobre la puesta en marcha de esta legislación, que contribuye al fortalecimiento de una cultura de probidad y transparencia.
El encuentro, que fue inaugurado por el vicedecano de la Facultad Carlos Frontaura, contó con la participación de la Ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón; el senador de la República y presidente de la Comisión de Ética del Senado y de la Comisión Bicameral de Transparencia, Hernán Larraín; el subjefe de la división jurídica de la Contraloría, Pedro Aguerrea; el miembro del Consejo para la Transparencia y exministro de Economía, Alejandro Ferreiro; el presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Rodrigo Mora; y el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad, Sebastián Soto.
La primera intervención del encuentro estuvo en manos de la ministra Rincón, quien se refirió a los desafíos de esta nueva normativa, la opinión del Gobierno sobre la misma y algunos aspectos a estudiar. Aseguró que con esta ley, "Chile está dando un paso fundamental en el proceso de fortalecimiento de su democracia", pero que a pesar de los avances, existían modificaciones urgentes a aplicar.
"La ley tiene un pecado estructural pues no regula la industria del lobby propiamente tal, la ley lo que hace es obligar a determinadas autoridades a transparentar sus agendas públicas", declaró la ministra. Asimismo, explicó que la ley otorga un nuevo rol al Consejo de Transparencia, "entidad a cargo de visar y publicar información emanada desde los organismos públicos, sin tener facultad para fiscalizar o sancionar".
A su entender, una de las debilidades más importantes de la ley es el establecimiento del mecanismo de registro de lobistas por parte de las autoridades. "Resulta paradojal que los protagonistas principales de la actividad que se pretende regular no estén obligados a registrarse. Nuestra ley hace énfasis en el lobby pasivo y no activo, lo que va en contra de la tendencia mundial en esta materia".
Aseguró que en términos de modificaciones, es indispensable mejorar la definición de sujetos pasivos en la ley, modificar las acciones exclusivas de ser calificadas como lobby, establecer un estatuto diferenciado para lobistas habituales, perfeccionar los mecanismos para asegurar el cumplimiento de la ley, establecer la obligatoriedad del registro pleno para lobistas y generar mecanismos de sanción.
A continuación, se dirigió a los presentes el senador Hernán Larraín, quien dio cuenta del estado de avance de esta normativa en el Congreso, específicamente en el Senado. Comenzó recordando el largo proceso legislativo vivido por la norma, para luego repasar las dos aproximaciones existentes para regular esta materia: la que regula a los lobistas, siguiendo la tradición norteamericana, y la que procura regular la actividad del lobby, siguiendo la tradición europea.
"En cierto sentido, el sistema que tenemos en Chile es mixto, ya que partiendo de la idea europea de registrar las actividades, estamos también abordando las actividades de registro de lobistas. Esto nos permite decir que nuestro sistema optó por un sistema de transparencia activo reforzado", explicó.
Agregó que la implementación de este sistema impone desafíos institucionales importantes, demandando nuevas funciones a las Comisiones de Ética y Transparencia de ambas cámaras, las que deberán "proponer fórmulas de coordinación entre todos los poderes del Estado, generar medidas para asegurar la coherencia institucional en la aplicación de la ley, profundizar alternativas y llevar adelante cambios que nos permitan estar a la altura de los desafíos".
El segundo panel de la jornada, en tanto, comenzó con la participación de Rodrigo Mora, quien expuso sobre la ley de Lobby en la administración, para luego dar paso a Pedro Aguerrea, quien se refirió al rol que jugará la Contraloría General de la República, entidad quien tiene a su cargo fiscalizar el cumplimiento de la ley y sancionar si ello es el caso.
A continuación, Alejandro Ferreiro analizó la ley desde la perspectiva del Consejo para la Transparencia y exministro de economía, abordando el impacto de la normativa en el sector privado. Finalmente, Sebastián Soto reflexionó sobre el efecto de la ley en el ejercicio de la profesión de los abogados, especialmente en sus vinculaciones con la administración y los servicios públicos.
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